En concreto, el nuevo proyecto, que el ejecutivo ha adjetivado de Retiro y Recuperación, incluye de forma resumida tres novedades importantes: considera aportes temporales del 2% para restituir los fondos retirados (1% por parte del empleador y 1% por parte del Estado); incluye pago de impuestos para rentas superiores a 1,8 millones de pesos (2.540 dólares) y un bono de 200.000 pesos (282 dólares) para aquellos que no dispongan de saldos en sus cuentas individuales. Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú, cuantifica el coste adicional de este nuevo proyecto frente al que ya se ha aprobado por el Congreso en 2.700 millones de dólares (1.000 millones por la transferencia de bonos y 1.700 millones de dólares por el mecanismo de restitución), que en su opinión, “reduce la holgura con la que contaban las arcas fiscales chilenas”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci Estudios, valora este nuevo proyecto de forma positiva frente al aprobado la semana pasada por el Congreso. “Si bien el retiro de fondos previsionales debilita el sistema de pensiones y está mal focalizado, en términos de que no apoya necesariamente a quienes efectivamente han sufrido los mayores golpes de la pandemia, el proyecto que presenta el ejecutivo mejora al que fue aprobado por el Congreso. En particular es menos regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, al incorporar recursos para aquellos cotizantes que ya no tienen saldo en sus cuentas previsionales y contempla pago de impuestos. Asimismo, considera la restitución de fondos con aportes del Estado y empleador. Más allá de los impactos que podría tener sobre la dinámica del empleo y recursos públicos involucrados, veo que este aspecto del proyecto más bien busca reforzar la institucionalidad del actual sistema de pensiones”, declara a Funds Society.

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